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Imagen Comunidades y redes son pilares para resolución de conflictos en Salud Mental

Comunidades y redes son pilares para resolución de conflictos en Salud Mental

Director del Doctorado Internacional en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y académico del Doctorado en Salud Mental de la UdeC, Profesor Emiliano Galende, dice que el Estado debe ser garante y cuidar sus comunidades para lograr la integración del paciente psiquiátrico.

¿Medicalización o estrategias comunitarias? se denominó la conferencia que dictó el Prof. Emiliano Galende, Director del Doctorado Internacional en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, a académicos, personal de salud y estudiantes en su última visita realizada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, en el marco de su estadía académica regular que realiza como docente del Doctorado en Salud Mental del Departamento de Psiquiatría.

El Prof. Galende es médico psiquiatra, sicoanalista y Director del Centro de Salud Mental Comunitaria de la Universidad de Lanús, cuyas líneas de trabajo son la investigación, carrera de especialización, maestría y desde hace 12 años un Doctorado vinculado a la Red MARISTAN que agrupa a 8 universidades, entre ellas, la UdeC. Colaborador de la OPS/OMS y Naciones Unidas, comenta que el objetivo de su trabajo en el área de la salud mental ha estado orientado a poder aportar la experiencia europea 30 años y situarla en los mejores niveles académicos de América Latina, pues, dado que es una disciplina contemporánea, no se aborda plenamente en el pregrado, por lo tanto, el desafío es crear investigadores de alto nivel, cuyos aportes se orienten a crear alternativas más humanas para las personas que padecen una enfermedad mental.

En este sentido, comentó que la política de los Estados para abordar los problemas mentales de la población se ha ido orientando poco a poco a ciertos objetivos desde el año 1953 cuando la OMS dictó la primera resolución tendiente a crear un nuevo concepto y establecer que el paciente no esté encerrado en un hospital psiquiátrico y a recuperar la su perspectiva de Derechos Humanos, es decir, que el paciente sea un protagonista más activo de su enfermedad y que el Estado moderno, en lugar de sancionarlos, los reconozca como ciudadanos de derecho y los integre socialmente.

Este primer gran paso ha favorecido una nueva legislación. Así, en 1991 Naciones Unidas adoptó la “Declaración Principios de la Atención de los Trastornos Mentales”, un año antes la Declaración de Caracas reestructuró la atención psiquiátrica en América Latina, en 1992 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niños y del Adolescente, en 1993 la Declaración sobre los Derechos de la Mujer y en 2005 la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dando todos estos hitos un giro importante en el ámbito de la segregación y estigmatización de personas que han sido históricamente separadas de la Sociedad.

Es en este contexto que se ha trabajado un proyecto orientado a generar un cambio en las perspectivas de la salud mental en las que el paciente, independiente de su enfermedad, no pierda su calidad de persona con derecho y que además el Estado se ocupe de su integración. Sin embargo, comenta, han surgido dos actores precisamente en la perspectiva opuesta y que están complejizando los objetivos del proyecto planteado. En primer lugar, señala el Prof. Galende, la cultura de mercado que modificó la estructura social y la vida de las personas, dando paso al individualismo, el aislamiento, la ruptura de las relaciones familiares, la era de los divorcios y  la soledad. “De ser un sujeto que tenía su identidad atada al territorio, a la familia, a la filiación, pasamos a un sujeto que hoy vale por su capacidad de consumo…Esto nos ha complicado muchísimo, porque para Salud Mental la comunidad es la que tiene la mayor capacidad de ayudar a las personas a través de redes de solidaridad para superar conflictos, pero la sociedad no va hacia una perspectiva de integración comunitaria, sino que a una disolución de lo comunitario y para salud mental el nuevo paradigma de resolución de los problemas mentales se basa en la solidaridad y la vida comunitaria como elemento integrador”.

Por otro lado, la salud mental apostó a que sean las personas las capaces de encarar responsablemente su propio sufrimiento mental, a tener una mejor conciencia de sí mismos, a ser capaces de reflexionar sobre su vida, su existencia y que para ello tengan el respaldo social de la familia, amigos y redes solidarias en el trabajo. Sin embargo, la industria farmacéutica ha producido una cantidad de moléculas que permiten calmar una enorme cantidad de problemas que nos plantea la vida y a limitar ese proceso de reflexión y autonomía. Al respecto, preocupante resulta el ingreso al mercado de los medicamentos para niños y adolescentes y su amplio uso, lo que en Estado Unidos ha desembocado en que, por ejemplo, la edad de prescripción de estabilizadores del ánimo y neurolépticos, se haya rebajado de los 16 a los 8 años de edad, favoreciendo así la presencia de una población altamente medicalizada. Situación similar ocurre con el adulto mayor. “El problema que vemos quienes creemos en las estrategias comunitarias es que el fármaco está reemplazando la capacidad de reflexión del individuo, los síntomas constituyen la expresión de un problema y son lo que permiten al psiquiatra o terapeuta en salud mental indagar en el interior de la persona, las razones de un sufrimiento y, por ende, nos muestra un camino para lograr la comprensión de lo que le ocurre…si calmamos el síntoma con la medicación bajamos la ansiedad y cerramos la puerta “.

Frente a esta situación y a pesar de ser dos antagonistas poderosos, el Dr. Galende enfatiza que los Estados son responsables y que no pueden ni deben dejar de responder a esta realidad, pues las repercusiones sociales son graves y se traducen en un crecimiento de la violencia, incluso en las relaciones más íntimas, y en una alta inseguridad social originada en la desconfianza y el individualismo. “El Estado es el que debe ser garante y cuidar a sus comunidades, no el mercado”.

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